Último intento del secesionismo para culpar al “Estado español y al CNI” de los atentados del 17-A

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Cinco años después de los atentados yihadistas en Cataluña, el soberanismo alienta la tesis de una mano negra del Estado tras los ataques, en contra de las sentencias en las que ha desembocado la investigación policial.

El independentismo superó pronto la conmoción que generaron los ataques de agosto de 2017. Diez días después, se convocó en el centro de Barcelona una manifestación a la que iba a asistir Felipe VI y en la que, para mantener la unidad frente al terror, no se incluían intervenciones políticas. Eso, sin embargo, no impidió que el secesionismo maniobrara para encauzar lo sucedido hacia sus objetivos políticos.

Este mismo criterio sigue hoy en marcha. El ex abogado del entonces president Carles Puigdemont,Jaume Alonso-Cuevillas, mantiene viva judicialmente la tesis que culpa al Estado. El hoy diputado de Junts en el Parlament sostiene que se han ocultado los vínculos del CNI con el líder de la célula islamista, de cuya muerte certificada, además, duda. Cuevillas también pide responsabilizar judicialmente al Gobierno por la supuesta dejadez en la supervisión de la venta de materiales susceptibles de usarse como explosivo.

Ni la primera sentencia de la Audiencia Nacional ni la que revisó los recursos estimaron esas tesis, pero el abogado-político, que representa a una de las familias afectadas, las ha vuelto a esgrimir en su anuncio de recurso ante el Tribunal Supremo.

Esa manifestación unitaria del 26 de agosto de 2017 no sólo sirvió para rechazar los atentados, sino que fue usada por el independentismo como forma de despreciar a la monarquía y reclamar sus aspiraciones aprovechando que el foco mediático internacional estaría puesto en Cataluña.

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural movilizaron a sus voluntarios para distribuir rosas, pancartas contra España, contra la Monarquía y reclamando la «libertad para Cataluña». También plagaron de esteladas el recorrido de la manifestación.

Pese a que un centenar de entidades sociales y sindicatos, que iban en una segunda cabecera de la marcha, habían acordado un manifiesto con eslóganes políticamente neutros, también se vio una pancarta con el lema Vuestras políticas, nuestras muertes con la foto del Rey, del monarca saudí o de ex políticos como José María Aznar,Tony Blair y George Bush.

Buscando el impacto internacional, la maquinaria publicitaria independentista incluyó carteles inglés contra el Gobierno de Mariano Rajoy y el Rey, a los que acusaban de vender armas, se les recordaba que Cataluña era un «país de paz» o se les instaba a hablar para iniciar la independencia.

Desde la Generalitat y las entidades y partidos soberanistas la presencia del Gobierno y el Rey se veía como un nuevo ataque contra Cataluña en un momento en el que el desafío independentista tomaba aire de cara al enfrentamiento final en septiembre y octubre de 2017. El atentado hizo que muchos catalanes volvieran de sus vacaciones, por lo que el soberanismo mostró de nuevo su alta capacidad de movilización para repudiar públicamente a los representantes del Estado.

«La gente ha silbado a los hipócritas», declaró el entonces presidente de la ANC Jordi Sànchez, después condenado por sedición. Mientras, Puigdemont afirmaba sobre los abucheos: «La libertad de expresión por encima de todo».

Detenidos por los atentados del 17-A.Á. NAVARRETE

La Generalitat usó los atentados para tensar todavía más el desafío independentista. No sólo encumbró al entonces responsable de Mossos, Josep Lluís Trapero -al que después defenestraron cuando se supo que tenía un plan para detener a Puigdemont el 1-O-, sino que se sacó pecho por la gestión de la emergencia. En ella se implicaron todos, aunque el Parlament excluyó de la medalla de honor a la Policía y la Guardia Civil.

El referéndum del 1 de octubre y la respuesta policial, política, judicial y social marcaron los siguientes meses en Cataluña, en los que el atentado y la atención a las víctimas pasó a un segundo plano. Los aniversarios posteriores estuvieron marcados por la tirantez entre autoridades políticas catalanas y españolas, si bien la pandemia volvió a poner en el foco a las víctimas y se intentó despolitizar el evento.

Cinco años después, con el secesionismo dividido tras el fracaso de la Declaración Unilateral de Independencia y con el Gobierno de Pedro Sánchez tendiendo puentes, al soberanismo más radical sólo le interesan los atentados para seguir alimentando la teoría de la conspiración.

Varios colectivos independentistas y plataformas ciudadanas en las que hay familias de las víctimas han convocado para hoy una concentración ante la sede de la Comisión Europea de Barcelona. Estado español y CNI, responsables es uno de los lemas. El Consell per la República, que lidera Puigdemont, apoya esta concentración para «conocer la verdad» sobre un asunto en el que «aún quedan muchas preguntas sin respuesta».

«El Estado, que cometió omisiones graves en la protección de la vida, ahora no quiere garantizar la verdad de los familiares de las víctimas», sostiene el Consell. El último mensaje en las redes sociales del abogado y diputado Cuevillas va en esa misma línea. «Es evidente que no se ha querido investigar a fondo. ¿Por qué?», escribe.

Todo sucede pese a que la Justicia ha desmontado las teorías conspirativas, afirmando que «no existe ni siquiera una mínima prueba indiciaria de esa supuesta negligencia» del Estado. El propio Trapero desechó hace unos días en La Vanguardia que cualquier tipo de conspiración. «La ayuda más leal que recibimos fue del CNI», afirmó el mayor de los Mossos, en una posición diametralmente opuesta a la del secesionismo más radical.

Al independentismo le queda alimentar esta teoría para recuperar la movilización de la ciudadanía que consiguió hace cinco años. Desde entonces ha ido perdiendo apoyos con una población cada vez más desencantada y desmotivada.

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