Se busca al dueño de una pierna amputada

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Aunque el anuncio está fechado el 21 de julio, ha sido la última semana de agosto cuando se ha hecho público. En él, la directora médica del área de salud del Bidasoa, María Eugenia Alkiza, solicita a una persona que sufrió una amputación que proceda a retirar «los restos humanos que se encuentran depositados» en el centro hospitalario.

Presumiblemente se trata de una pierna que le fue amputada a un paciente hace algunos meses en el hospital de la comarca del Bidasoa, que se sitúa entre las localidades guipuzcoanas de Irún y Fuenterrabía. Según el protocolo ante una amputación quirúrgica, es el propio interesado el que tiene que hacerse cargo de los restos humanos. El anuncio recuerda que éstos, además, deben ser retirados «a través de una empresa funeraria autorizada».

Se trata, según apuntan desde el sector funerario, de un procedimiento habitual. Cuando existen miembros amputados son los propios pacientes los que se tienen que encargar de retirarlos mediante los servicios de una funeraria, algo que no ocurre, por ejemplo, con otros restos biológicos como los tumores.

Así consta, sin ir más lejos, en un protocolo de actuación que tiene en su página web la fundación Signo, dedicada al análisis y estudio de proyectos de gestión sanitaria. El texto se refiere al hospital Son Llàtzer de Baleares, pero no es muy diferente del que puede encontrarse en otros restos hospitalarios. Según consta en el documento, una vez realizada la amputación, al paciente «se le entrega una lista de funerarias para que se ponga en contacto con la que elija, informándole que ha de hacerse cargo de los gastos». El texto puntualiza que cuando la familia manifieste que no puede hacerse cargo del coste «se contactará con los Asistentes Sociales» que harán un informe para decidir si se da aviso a la funeraria Municipal.

Se trata de un procedimiento cuyo coste puede alcanzar, según las tarifas de las funerarias de la zona, los 1.500 euros. Quizá haya sido el alto precio del servicio, o quizá el desconocimiento, lo que haya hecho que el afectado haya optado por abandonar su miembro en el centro hospitalario.

Entre 400 y 500 euros

Los responsables sanitarios le dan ahora un plazo de «diez días hábiles», contados a partir del día siguiente de la publicación del anuncio, para proceder a retirar los restos. Le recuerdan que, de no atender el requerimiento «en plazo» se abrirá un expediente sancionador.

En la práctica podría llevarse a cabo una «ejecución forzosa» que podría acarrear una multa. No existe un régimen sancionador que especifique a cuánto asciende la sanción económica por abandonar una pierna amputada, pero algunas fuentes apuntan a que podría ascender a unos 400 o 500 euros. En cualquier caso, pagar la multa sigue siendo más rentable que hacer frente a los altos costes funerarios.

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