Sandro Rosell se enfrenta a dos años y nueve meses de cárcel por fraude fiscal

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  • GERMÁN GONZÁLEZ

    Barcelona

Actualizado Viernes, 9 septiembre 2022 – 14:17

El ex presidente del Barça se sentará en el banquillo de los acusados dos veces en un mes en dos juicios diferentes: Uno por este delito contra Hacienda y otro por corrupción en el fichaje de Neymar

Rosell y su abogado Pau MolinsJ. BARBANCHO

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El ex presidente del Barça, Sandro Rosell, empieza el lunes un periplo judicial que lo llevará a sentarse dos veces en el banquillo de los acusados en poco más de un mes. Coincidiendo con los rumores que apuntan a su posible candidatura a la alcaldía de Barcelona, Rosell, volverá a ser juzgado aunque guarda un sabor agridulce de su anterior experiencia. En 2019 la Audiencia Nacional lo absolvió por presuntamente blanquear comisiones de hasta 20 millones de euros recibidas por derechos audiovisuales de la selección brasileña de fútbol pero pasó más de dos años en prisión preventiva.

Ahora, el Juzgado Penal 3 de Barcelona lo juzgará el lunes por un delito contra la Hacienda Pública. La Fiscalía le pide dos años y nueve meses de cárcel por presuntamente defraudar a Hacienda 230.591 euros en 2012, además de una multa de 300.000 euros, aunque le aplica atenuante de reparación del daño, puesto que en junio de 2019 Rosell devolvió a Hacienda un total de 287.911 euros, correspondientes a la cuota defraudada más los intereses.

El Ministerio Público cree que Rosell cometió el supuesto fraude fiscal, utilizando una sociedad administrada por él mismo para cobrar sus servicios profesionales en la organización de congresos y similares y al alquiler de locales industriales. Para llevar a cabo esa actividad, utilizó la sociedad TOC SLU, de la que era administrador único y que carecía de estructura empresarial para prestar los servicios que constituían su objeto social. Fiscalía remarca que Rosell supuestamente se sirvió de esa empresa para obtener rentas que no declaró en su autoliquidación por IRPF y que derivaban de su actividad profesional personal: la firma facturaba y cobraba a los clientes la retribución de los servicios que prestaba a terceros.

De esta forma, se dedujo indebidamente como gastos en la actividad económica declarada dos facturas emitidas por una consultora por el asesoramiento sobre cuestiones de fiscalidad internacional y pagos con tarjeta no justificados. Para tratar de ocultar las cifras derivadas de su renta, declaró indebidamente pérdidas patrimoniales por la venta de unos inmuebles. Así, la Fiscalía también acusa a Rosell de no haber incluido en su declaración de 2012 unas rentas inmobiliarias correspondientes a un inmueble que tenía a su disposición ni otros rendimientos de capital mobiliario.

Vuelven Neymar … y Florentino

Más mediático que el juicio del lunes será el que siente a los dos últimos presidentes del Barça en el banquillo, Rosell y Josep Maria Bartomeu, a mediados de octubre en la Audiencia de Barcelona acusados de estafa y corrupción en los negocios cometidos durante el fichaje de Neymar por el club azulgrana. Por eso, tanto el jugador del PSG como sus padres y el ex presidente del Santos brasileño también están procesados.

La Fiscalía solicita cinco años de prisión y 10 millones de euros de multa para Rosell, dos años de cárcel y otros 10 millones de multa para Neymar, dos años para el padre del jugador, uno para la madre y otros tres para el ex directivo del Santos Odilio Rodrígues. La Fiscalía no acusa a Bartomeu, que era vicepresidente cuando se fichó al jugador, pero si la acusación particular que ejerce el fondo DIS, propiedad del 40% de los derechos federativos del delantero. Tanto el Barça como el Santos, además de otras sociedades, están procesadas como personas jurídicas.

La acusación pública cree que el fichaje de Neymar comenzó en el año 2011 cuando el Barcelona se comprometió a abonar al jugador 40 millones de euros para que jugara en el club a partir de 2014, aunque en 2013 se adelantó el compromiso anterior para que se incorporara ese mismo año. El acuerdo no contaba con la autorización de la Junta Directiva del Barça, por eso exonera a Bartomeu y sólo acusa a Rosell, e implicaba un pago al DIS por los derechos federativos.

Sin embargo, presuntamente Rosell decidió pagar más dinero del pactado tanto a Neymar y a su padre como al Santos disfrazado con contratos ficticios. Por eso, el DIS denuncia que recibió sólo un 40% de los 17,1 millones establecidos como precio de la transferencia de los derechos federativos cuando le hubiera correspondido ese mismo porcentaje pero de 25,1 millones. Por eso Fiscalía cree que se le debe abonar unos 3.228.400 euros.

La Fiscalía considera que el acuerdo de Rosell de 2011 “impidió que otros clubes participaran libremente en el mercado” para fichar al astro brasileño y por eso el DIS ha citado como testigo al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, para intentar argumentar que la operación de Rosell con Neymar le privó de obtener más dinero por el fichaje del jugador.

El Barcelona primero dijo que el fichaje de Neymar costó 40 millones para después aumentar esta cantidad a 57 millones, si bien el fiscal cree que a esa cantidad hay que sumarle lo pagado en los contratos fraudulentos, lo que ascendería a 83. Este fichaje ya se investigó en la Audiencia Nacional en otro procedimiento, que pasó a un juzgado de Barcelona y en el que el club azulgrana y la Fiscalía llegaron a un pacto que exoneró a Bartomeu y Rosell y fue condenado el Barça.

Operación Cataluña

Por otro lado, Sandro Rosell presentó esta semana en la Audiencia Nacional contra el ex comisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, el ex jefe de Asuntos Internos del cuerpo, Marcelino Martín Blas, otros dos inspectores y un agente del FBI para esclarecer si la causa que le mantuvo en prisión provisional casi dos años fue fruto de un montaje policial en el marco de la llamada Operación Cataluña.

Considera que pudieron cometer los delitos de organización criminal, falsedad de funcionario en documento oficial, acusación y denuncia falsa, malversación y detención ilegal, tras las informaciones de una reunión en noviembre de 2012 entre Villarejo y la ex líder del PP Alicia Sánchez-Camacho, en la que esta habría facilitado al comisario “una auténtica ‘lista negra’ de personas que, a su juicio, debían ser investigadas y perseguidas policialmente por su relación con el independentismo”, entre las que estaba Rosell.

La querella cree que la Operación Cataluña era un supuesto “plan” elaborado contra el movimiento independentista catalán por mandos policiales, miembros del Gobierno y dirigentes del PP “con la inestimable ayuda de determinados periodistas y medios de comunicación” y consistía presuntamente en en obtener información y “confeccionar pruebas falsas” para “intimidar, investigar, imputar, perjudicar y desprestigiar” a personas que “se consideraban cercanas al citado movimiento”. Rosell cree que fue víctima de esta conspiración.

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