Los apuros de Costa Rica para sostener su bandera ambiental

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“Los tiempos son difíciles, entonces lo haremos al paso, sin prisa, pero sin pausa… al paso que las condiciones globales lo permitan, sin sacrificar demasiado el bienestar actual a cambio de un futuro lejano; pero tampoco sacrificando el futuro por la ganancia inmediata”. Esta es la frase que pronunció el 24 de mayo en el Foro Económico Mundial, en Davos, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en su primer viaje desde que tomó el poder tras ganar las elecciones como proponente de fuertes cambios en este pequeño país centroamericano reconocido por su vocación ambientalista. Así contestaba a una pregunta sobre la propuesta medioambiental de su incipiente Gobierno ante otros funcionarios públicos e inversionistas que se supone valoran cada vez más el perfil de sostenibilidad de sus destinos.

Y seguía: “En Costa Rica tenemos desafíos históricos con el manejo de nuestras cuencas de ríos. Hemos invertido muy poco en alcantarillados y tenemos demasiada contaminación, vamos a trabajar en eso. En manejo de sólidos, no estamos reciclando, no hacemos suficiente economía circular”. Por inusual que fuera el escenario, Chaves no mentía al señalar problemas graves y añejos que se esconden debajo del escenario de los premios internacionales por los frutos medioambientales en los últimos 40 años y por los aplausos a planes de Gobiernos anteriores contra el cambio climático.

Un grupo de hombres lavan su ropa en el río de Peñas Blancas, en la provincia de Guancaste, Costa Rica. Michael Robinson Chavez (The Washington Post via Getty Im)

El momento de la economía global se ofrece complicado para el perfil medioambiental del país y Chaves es parte del momento. Aunque cuestiona la rentabilidad de una eventual exploración petrolera en Costa Rica, echó atrás los afanes del Gobierno anterior de prohibir esa actividad por ley. Ve aceptable la explotación de gas natural. Descartó impulsar la ratificación del Acuerdo de Escazú, un tratado internacional firmado en 2018 aquí en Costa Rica para la protección de activistas ambientales, con el apoyo de Naciones Unidas. Gobierna con el respaldo explícito de cámaras empresariales que priorizan la “reactivación económica”, un concepto que se repite como mantra después del golpe pandémico. La movilidad eléctrica no está en su lista de quehaceres. El desempleo del 12% es uno de los más altos de la región y Chaves no va a comprometer el presente por un futuro, como dijo en Davos.

Sectores ambientalistas lo ven confuso, cuanto menos. Otros creen que es temprano para juzgar el flanco medioambiental del Gobierno, aunque admiten que no hay señales promisorias. No abundan las críticas claras de dirigentes del sector ambiental, de oenegés o de autoridades del pasado reciente. Nadie quiere entrar en peleas públicas con el Gobierno. “Puede que haya mucha cautela, además de satisfacción de un sector del que viene el ministro Tattenbach (bosques privados) y expectativa por lo que traerá el nuevo Gobierno, más allá de alguna improvisación que hemos notado”, dijo a EL PAÍS Henry Picado, portavoz de un grupo de asociaciones ambientalistas llamado Federación Costarricense para la Conservación (Fecon).

Por otra parte, un grupo conservacionista llamado Bloque Verde achaca al Gobierno una “deriva autoritaria” por un plan de una reforma legal que quitaría a grupos ciudadanos (académicos, sociales o científicos) el derecho de participar en el proceso de las decisiones del Ministerio de Ambiente. Está “concentrando el poder en la figura del ministro, lo que deja en entredicho la voluntad del Poder Ejecutivo a fortalecer la democratización de la gobernanza ambiental”, dice la organización. Además advierte sobre posibles focos de conflictividad en el país donde nueve de cada 10 costarricenses respalda la idea de que la economía pospandemia debe recuperarse de la mano con el medio ambiente, pero solo dos de cada 10 ha participado activamente en reuniones, convocatorias u organizaciones de su comunidad sobre cambio climático, según una encuesta de la sede local de Naciones Unidas en 2021.

Monos capuchinos en la selva tropical de Costa Rica. Wolfgang Kaehler (Getty Images)

Otros grupos aún esperan el nombramiento de un viceministro encargado de agua y mares (el 91% de la superficie del país), un cargo creado en la última década a tono con las tendencias recientes de protección del recurso hídrico y de la vida en costas y en océanos, como los dos que flanquean al istmo centroamericano, especialmente vulnerable ante los trastornos por el cambio climático. El ministro, un economista llamado Franz Tattenbach con experiencia en protección de los parques nacionales terrestres, ya ha deslizado que vería bien levantar una prohibición actual que rige para la pesca mediante peligrosos métodos de arrastre del fondo marino.

Aún así, reconocidas voces ambientalistas prefieren no hacer sonar aún las alertas del momento, conscientes de que hay otros problemas que vienen de años atrás. Si bien el 99% de la producción de electricidad procede de fuentes limpias, del total de gasto energético un 75% se alimenta de combustibles fósiles importados, debido a una flota vehicular que por proporción per cápita es la tercera más grande de América Latina. Numerosos diagnósticos y expertos señalan también deficiencias en el crecimiento urbano, en el uso de agroquímicos y en la contaminación de los ríos, como decía sin tapujos Chaves en Davos.

Costa Rica conserva ventajas sobre los promedios internacionales, pero la tendencia propia es adversa: entre 2011 y 2022 cayó el puesto 5 mundial al 68, entre 180 naciones evaluadas en el Índice de Desempeño Ambiental, una medición que realizan investigadores de las universidades de Yale y Columbia, en Estados Unidos. El país ocupa la posición 167 en reciclaje y 157 en manejo de la concentración de nitrógeno en suelo, asociada a fertilizantes. Entre las naciones de América Latina, sin embargo, Costa Rica conserva la tercera mejor posición general, solo por debajo de Cuba (posición 60) y Chile (65).

Las fortalezas ambientales son amplias, reconoce el informe de 2021 de un centro de pensamiento e investigación de las universidades estatales llamado Programa Estado de la Nación. Lo atribuye a décadas de iniciativas públicas, participación privada y de la sociedad civil, además de diversos esquemas de gestión de ecosistemas. Lo pueden constatar los miles de extranjeros que sustentan la industria ecoturística y el 93% de la población que dispone de agua bebible con solo abrir el grifo en su casa, aunque los riesgos son igual de evidentes.

Playa Conchal, en Guanacaste, Costa Rica Federico Meneghetti (Getty Images)

“A pesar de que internamente los desafíos son profundos y la situación es grave en muchas agendas, es innegable que, comparativamente, se obtuvo un reconocimiento en torno de los avances alcanzados en conservación. Es imperativo cuidar lo que se ha construido y, ante todo, definir políticas informadas y precisas que contrarresten los riesgos. El contexto actual, marcado por la pandemia causada por el covid-19 y la profunda crisis que ha generado, se ha convertido en un caldo de cultivo para el retorno de discursos antiambientales, y la generación de nuevas tensiones que favorecen el descuido o el uso no sostenible de los recursos naturales protegidos o de la cobertura recuperada”, señala el informe Estado de la Nación 2021.

Ese mismo informe proyecta que la tendencia de urbanismo y de desarrollo agrícola provocarán en 2025 una pérdida de cobertura de árboles superior a los 500 km2 (1,4% de la superficie actual), sobre todo en zonas de cultivos y de mayor rezago social, a pesar del repetido señalamiento de Christiana Figueres, la costarricense referente internacional contra el cambio climático, quien no se cansa de advertir que las oportunidades de desarrollo del país residen justamente en esas condiciones ambientales particulares.

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