El bloqueo del PP al poder judicial llega al límite y agrieta su mayoría

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Lo que más desespera a muchos de los protagonistas de esta historia es que parezca una batallita más entre políticos, sin relevancia social. Que no le importe a casi nadie. “Mucha gente escucha Consejo General del Poder Judicial y desconecta. Es como si fuera un problema ajeno. Pero es una cuestión básica de cualquier democracia: el respeto al cambio de mayorías cuando hay elecciones”, resume un miembro del Gobierno.

La situación, sobre todo vista desde el sector progresista, es de tal gravedad que algunos en privado hablan incluso de “golpe blando”, porque creen que, sin entrar en los detalles, el fondo del asunto es que el PP no acaba de reconocer que el bloque de izquierdas ganó las elecciones y eso, como ha sucedido siempre en los más de 40 años de democracia, tiene que trasladarse tanto al CGPJ como al Tribunal Constitucional, ya que ambos son elegidos de forma directa o indirecta por el poder político que emana de las urnas.

El PP, con su bloqueo, ha logrado que durante casi cuatro años en la cúpula del poder judicial, que es elegida por el poder legislativo, no haya tenido ningún efecto el cambio de mayorías que los votantes iniciaron en 2015 —cuando el PP perdió la absoluta con la que eligió al actual CGPJ— y remataron en 2019, cuando el partido pasó a estar en una notable minoría en el Congreso con 88 escaños, frente a los 183 que tuvo en 2011.

Pero esa estrategia de los populares está llegando al límite. Esta semana ha quedado muy claro que la mayoría conservadora inquebrantable del CGPJ que avalaba este bloqueo, sobre todo con su decisión de no dimitir, se está resquebrajando, porque el paso del tiempo, el desgaste de imagen y las consecuencias prácticas de la parálisis de nombramientos se ha hecho insostenible.

La evidente alianza entre Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, conservador, siempre cercano al PP, y el sector progresista para renovar al menos el Tribunal Constitucional está complicando la estrategia de bloqueo del PP. La amenaza de dimisión de Lesmes presiona aún más a los populares para asumir que ya no se puede aguantar más.

Si Lesmes consigue convencer a algún otro magistrado del bloque conservador, algo factible según diversas fuentes, podría lograr un bloque de 12 vocales para renovar los dos magistrados del Constitucional que le corresponden al CGPJ como siempre, con un magistrado conservador y otro progresista, y resolver este problema. Inmediatamente después, el Gobierno elegiría a los dos que le corresponden y así la mayoría sería progresista durante los próximos nueve años, de la misma manera que ha sido conservadora los últimos nueve, porque se renovó en 2013, cuando el Gobierno era del PP y eligió a dos miembros —Enrique López y Francisco José Hernando— que decantaron la mayoría.

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Retrasar o bloquear la renovación

Los populares, por su lado, no disimulan que están intentando lograr lo contrario: que su bloque se mantenga unido en el bloqueo. Y están desplegando todo su arsenal, con cartas a la Comisión Europea incluidas, para ponerle las cosas muy difíciles al Gobierno. De momento, el hombre fuerte de este sector, José María Macías, ni siquiera le ha dado a Álvaro Cuesta, el mediador principal del sector progresista, el nombre de la terna de negociadores del sector conservador. Una evidente forma de ganar tiempo para retrasar la renovación o incluso bloquearla.

En Génova no disimulan que detrás de todo lo que está pasando estos días hay una estrategia política. Feijóo, admiten fuentes del partido, ha decidido moverse para obstruir la renovación y forzar al Gobierno a sentarse a negociar. Y también reconocen que el grupo de vocales conservadores más dispuestos a bloquear la renovación actúan coordinadamente con el PP. Los populares manejan como quieren el Consejo General del Poder Judicial, o al menos una parte importante, sin inmutarse.

Pero la presión sobre el PP para que llegue a un acuerdo con el Gobierno también es muy fuerte, y Feijóo tuvo que aguantar en directo el miércoles el rapapolvo de Lesmes —a quien en su día había situado en su puesto el propio PP— sobre sus condiciones para pactar el CGPJ. “La renovación del Consejo debe acometerse con urgencia […] sin que se pueda supeditar por ninguna fuerza política con sucesivas condiciones que impiden el cumplimiento claro del mandato constitucional”, lanzó Lesmes a la yugular del partido conservador.

Feijóo se vio obligado a volver a moverse, al menos en la apariencia de buscar un acuerdo, y envió el viernes un amago de oferta de negociación en una carta de Esteban González Pons a Félix Bolaños con las condiciones habituales. El PP sostiene ahora que aceptaría una mayoría de 7-5 a favor de los progresistas si el Gobierno le garantiza que se sustituirá la baja por enfermedad del conservador Alfredo Montoya por otro de su misma corriente, para evitar una mayoría progresista de 7-4 si la vacante se mantiene indefinidamente.

En el Ejecutivo contestan que todos estos argumentos son un truco más. Ellos, dicen, no tienen ningún problema en renovar a Montoya y en garantizar ese 7-5, pero es el PP el que no asume el cambio de mayorías. Si lo hubiera hecho, ya estaría pactado, insisten en el Gobierno. Esto estaba ya cerrado con la anterior dirección del PP, y así se lo dijo Pedro Sánchez a Feijóo la única vez que se vieron en La Moncloa. Todo debía cerrarse antes del 12 de junio, y era fácil, pero los populares volvieron a dar largas y el Ejecutivo decidió entonces cambiar la ley para intentar forzar la renovación.

Ahora el PP asegura que sí está dispuesto a negociar, pero el Gobierno desconfía. En La Moncloa ya llevan cuatro años intentándolo, desde la primera renovación fallida de 2018, y ya no creen nada, así que confían en que Lesmes cumpla con la ley y logre la renovación del Constitucional.

Sobre la del CGPJ, en el Gobierno no tienen muchas esperanzas: opinan que Feijóo ya ha decidido esperar a las elecciones para que la nueva mayoría le favorezca. Pero si hay un cambio de actitud, Bolaños ya lo ha dicho públicamente: “Si de verdad quieren renovar, que me llamen y lo resolvemos en una tarde”.

El PP dice que sí quiere hacerlo. “Hagámoslo bien, como siempre. Que el CGPJ nombre a los dos suyos, que el Gobierno haga lo mismo con los dos suyos sin hacer una idiotez con los nombramientos, y repongamos la plaza de Montoya”, apunta un dirigente popular al máximo nivel y al tanto de la estrategia. “Es su última oportunidad. Si consolidan el 7 a 4 y luego nos llaman les diremos que no”, anticipa.

El PP advierte, además, de lo que puede suceder si el Gobierno sigue adelante con sus planes y el Constitucional queda compuesto por siete magistrados progresistas por cinco conservadores. Fuentes de la cúpula alertan de que una parte de la derecha empezaría entonces a “no reconocerse” en el Tribunal Constitucional. Entonces, algunos de sus voceros mediáticos podrían iniciar un discurso deslegitimador del alto tribunal, estiman en el PP, de potenciales consecuencias catastróficas para la institucionalidad democrática.

Sin embargo, cuando el 7-4 fue a favor de los conservadores, durante parte de 2020 y todo 2021, por la dimisión de un magistrado progresista acusado de malos tratos en el ámbito familiar, no hubo ningún escándalo en estos sectores. En algún momento incluso llegó a haber solo tres magistrados progresistas.

Hartazgo en el Supremo

Mientras, en el mundo judicial asisten atónitos a la batalla política. El Tribunal Supremo está ya diezmado por el bloqueo y la imposibilidad de cubrir las vacantes. Ya tiene 14 puestos vacíos de un total de 79. La sensación de hartazgo es generalizada, según transmiten miembros de sus cinco salas. “Nos hacen daño a todos. Porque el Consejo no es poder judicial, es un órgano político. Pero se confunde una cosa con otra y la erosión al sistema es enorme”, lamenta un magistrado.

La sensación predominante en el principal órgano jurisdiccional del país es que el poder judicial está siendo “maltratado en su conjunto” por el poder político. “El Supremo quiere salir de la foto de Polonia y Hungría en la que nos están metiendo”, advierte otro de sus jueces en referencia a los dos países que están bajo la lupa de la UE por sus continuos incumplimientos en materia de independencia judicial, y con los que el PP compara asiduamente a España.

Lo que más molesta en el Supremo es que, al lanzar la sospecha de que el partido contrario quiere controlar el poder judicial, trasladen la idea de que los jueces actúan “al dictado” de uno u otro. “Parten de la premisa de que no hay ningún juez independiente en España. Es una falta de cultura política sobre lo que es un Estado constitucional”, lamenta un magistrado, que recuerda que la función del Constitucional y del Supremo es, precisamente, ser “un contrapeso” del poder político para evitar los abusos. “Esto es una ruptura con el Estado constituyente del 78″, zanja.

Algunos jueces que en los últimos meses se mantenían más o menos confiados en que la renovación del Consejo se haría efectiva más pronto que tarde y no llegaría a dañar los cimientos del Supremo, hablan ya de “auténtica tragedia”. Todos los jueces consultados, de diversas sensibilidades y algunos de ellos miembros de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, cargan sobre el PP la mayor responsabilidad del bloqueo. También lo hizo Lesmes en su apertura del año judicial. Pero el PSOE, para la mayoría de los magistrados, tiene también una parte fundamental de culpa, sobre todo, por haberse dejado “arrastrar al fango”.

Último discurso

Las dos intervenciones públicas de Lesmes de esta semana han sido en general bien recibidas por los magistrados del Supremo, del que también es presidente, y todos dan credibilidad a su amenaza de dimisión y creen que lo hará “en semanas” si comprueba que los puentes entre PSOE y PP están definitivamente rotos.

La conclusión generalizada es que, haya o no renovación, el de este miércoles fue su último discurso de apertura del año judicial. “No puede volver el año que viene a decir lo mismo o algo parecido ante la misma audiencia”, advierte un juez que llama la atención sobre que, si en septiembre de 2023 no ha habido renovación, faltarán tres meses para que el actual Consejo duplique sus cinco años de mandato. “La ley prohíbe expresamente a los vocales repetir mandato, pero se estaría repitiendo de facto”, advierte.

Pero Lesmes no se irá sin antes renovar el Constitucional. Es el compromiso que ha trasladado en privado. El presidente del CGPJ está convencido de que conseguirá un acuerdo en breve, pero enfrente tiene a los que fueron los suyos, el bloque de los conservadores más duros y más cercanos a las directrices de la calle Génova. Algunos vocales recuerdan que Lesmes ha logrado siempre lo que se ha propuesto en el CGPJ. Pero su autoridad se ha ido diluyendo —sobre todo a raíz de que el Consejo se quedara sin la potestad para hacer nombramientos— y ahora tiene un problema: al poder hacer solo los del Constitucional, no puede ofrecer mucho para negociar.

La batalla debería estar resuelta antes del 29 de septiembre, cuando el CGPJ tiene fijado su próximo pleno ordinario. Si esta vez el PP consigue de nuevo bloquearlo, el Gobierno insiste en que tiene fórmulas de solución que aún no quiere desvelar. Y podría nombrar a los dos magistrados del Constitucional que le corresponden sin esperar más, lo que abriría una nueva batalla.

Algo tan sencillo como llevar los cambios de mayorías a las renovaciones de órganos, que se hace con absoluta normalidad cuando el PP llega al poder, se ha convertido en una pesadilla cuando está en la oposición. Estas son las semanas decisivas para saber quién gana la batalla final

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