Aprobado el techo de gasto para 2023 de 7.554 millones de euros, 22 menos que el año anterior

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Aunque la semana pasada el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha, Juan Alfonso Ruiz Molina, ya adelantó información sobre el techo de gasto de la comunidad autónoma para 2023, este martes ha dado a conocer las cifras exactas tras ser aprobadas en la reunión del Consejo de Gobierno. Así, ha informado de que serán finalmente 7.554,3 millones de euros el límite que tiene el Gobierno autonómico para gastar de cara al próximo ejercicio, lo que supone 22 millones menos que en 2022.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el responsable de las finanzas castellanomanchegas ha vuelto a destacar el «rigor» y la «responsabilidad para no tener la tentación de gastar más de lo debido, pese a ser un año electoral». Además, ha indicado que estas cuentas tendrán una reducción de la apelación al endeudamiento del 70% y ha resaltado que su «máxima prioridad» es cumplir con los compromisos adquiridos. Entre ellos, ha recordado la congelación de la presión fiscal. «Somos una de las comunidades autónomas que menor carga impositiva impone a sus ciudadanos», ha subrayado.

Ruiz Molina también ha hecho hincapié en que el techo de gasto se ha elaborado en base a las estimaciones de ingresos que maneja la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas y una vez conocida la información necesaria en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), celebrado el pasado 27 de julio, en lo que se respecta a la suspensión de las reglas fiscales para el ejercicio 2023, la tasa de referencia en relación al déficit y los recursos provenientes del sistema de financiación.

De este modo, ha explicado las principales magnitudes que componen el límite de gasto no financiero para 2023. La primera son los ingresos propios de carácter no financiero, que ascienden a 7.234 millones, lo que supone una variación respecto al ejercicio anterior del 23 por ciento. De esta cifra, ha remarcado que el 85%, es decir, 6.197 millones, son los ingresos que le corresponden a Castilla-La Mancha, provenientes del sistema de financiación vigente e incluye las entregas a cuenta de 2023 y la liquidación correspondiente al ejercicio 2021.

Asimismo, ha precisado que el 15% restante, es decir, 1.037 millones, se corresponde con los ingresos de carácter tributario que gestionan desde la Administración regional y los provenientes de otras administraciones, como el Estado o la Unión Europea.

La segunda magnitud la constituyen los ingresos en relación al REACT EU, el fondo europeo que, con carácter extraordinario, se aprobó en 2020 y por el que a Castilla-La Mancha le correspondieron 392 millones de euros. «Para 2023 hemos presupuestado la cuantía que esperamos ingresar como consecuencia de las justificaciones de gasto que venimos realizando», ha matizado.

La tercera magnitud es el déficit autorizado, que para las comunidades autónomas se ha fijado en el 0,3 % del PIB. Ruiz Molina ha asegurado que el Gobierno de Castilla-La Mancha se va a ceñir a este porcentaje, «algo que no hicimos para el presupuesto de 2022 porque, de haber respetado ese año la recomendación del Ministerio, hubiéramos tenido que acometer recortes».

La cuarta y última magnitud son los ajustes de contabilidad nacional, que suman 47,9 millones de euros y que son aquellos ajustes que se deben realizar para que el techo de gasto sea fijado en términos de contabilidad nacional. El consejero ha indicado que la variación respecto a 2022 es consecuencia de dos factores: el cambio en la metodología de contabilización de determinados fondos europeos y el retraso en la aprobación del programa operativo 2021-2027.

Del mismo modo, ha hecho hincapié en que el límite de gasto no financiero se ha elaborado «con el objetivo de que, ante la situación de incertidumbre económica en la que nos encontramos, podamos ofrecer certidumbre en relación a la gestión de los recursos públicos, porque creemos que eso otorga confianza y seguridad a la hora de dar respuesta a las necesidades y demandas, tanto individuales como colectivas, de la ciudadanía».

Por otro lado, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas ha avanzado que el Consejo de Gobierno también ha tomado en consideración el texto articulado de la Ley de Presupuestos para el próximo ejercicio, para que pueda ser informado por el Consejo Consultivo como paso previo para la aprobación del proyecto de Ley de Presupuestos por parte del Consejo de Gobierno.

Unos presupuestos de los que ha dicho que tendrán como prioridades atender las necesidades del tejido productivo para impulsar la actividad económica, así como de las familias y de los sectores más vulnerables. Otras prioridades serán continuar reforzando los servicios públicos fundamentales, impulsar la transición ecológica y la transformación digital y adoptar políticas activas para hacer frente al reto demográfico.

Una vez aprobado el límite de gasto no financiero por parte del Consejo de Gobierno, se dará traslado inmediato a las Cortes de Castilla-La Mancha, iniciándose así el trámite parlamentario preceptivo para aprobar el proyecto de Ley de Presupuestos para 2023, con el objetivo de que puedan entrar en vigor el próximo 1 de enero.

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